De todas maneras, me parece que hay varias propuestas que pueden convocar al consenso y, en tal medida, ser impulsadas, al margen de los desacuerdos. Voy a partir por los más fáciles.
En primer lugar, debe producirse un cambio en las remuneraciones docentes, de modo de ajustarlas a la situación del mercado profesional de mediano y largo plazo. Esto significa que las rentas de los profesores deben ser una retribución apropiada y un incentivo efectivo para los profesores en ejercicio y para los estudiantes que deciden su carrera futura. Hasta ahora, no ha habido voluntad política para elevar hasta un nivel competitivo las remuneraciones docentes, con el resultado de disminuir sensiblemente el atractivo de la profesión y desviar a muchos estudiantes que podrían optar por la educación, hacia otras carreras más remunerativas. Se requiere una política definida al respecto. Podrá ser general, es decir incremento parejo de remuneraciones para todos los docentes o más focalizada inicialmente a través de bonos o asignaciones especiales que se paguen a los docentes con especialidades en déficit o finalmente mixta, con elementos de los dos anteriores.
Relacionado con lo anterior, será más posible introducir sistemas de evaluación docente eficaces, que reflejen apropiadamente las competencias que el profesor pone en juego en su ejercicio de sus funciones y el logro de aprendizajes de calidad por sus alumnos my que tengan efecto en su carrera docente. Entiendo que este puede ser un punto conflictivo al momento de traducirlo a propuestas concretas, pero es también probable que se encuentren más áreas de consenso que las que aparecen a primera vista. Por ejemplo, creo que, a diferencia de otros funcionarios del Estado, las calificaciones docentes deberían ser un proceso multietápico, en el que se incluyan factores didácticos, de competencias en las asignaturas impartidas y de aplicación al aula, que sean llevadas por una comisión externa al establecimiento. También personalmente creo que es innecesario evaluar anualmente a los profesores, ya que una evaluación trienal sería suficiente para conocer sus competencias y desempeño y reduciría el stress que un proceso de esta naturaleza implica.
Una tercera cuestión se refiere a la formación docente, tanto la inicial como la capacitación en servicio. Se requiere de centros formadores de excelencia, acreditados con estándares exigentes y evaluados al momento del egreso con exámenes nacionales también altamente exigentes. Los que no logren pasar estas pruebas, deberían cerrar en un plazo razonable para permitir cumplir sus compromisos con los estudiantes. El plazo fijado para esto por le Ley General de Educación es excesivo y no constituye incentivo para introducir mejoras en el corto plazo. Es probable que agregar un período de inducción previa al inicio de desempeño autónomo del profesor en el aula, tenga también resultados positivos en la productividad docente. También, la introducción de programas de especialización para profesores no especialistas y de formación docente para otros profesionales permitirían contar con profesores con mayor dominio de las asignaturas y las didácticas específicas, factores probadamente influyentes en el logro de más y mejores aprendizajes por los estudiantes.
En cuarto lugar, se requieren cambios en las relaciones técnicas del proceso docente, especialmente el tamaño de los cursos y la relación entre horas aula y horas de colaboración. La reducción de los tamaños máximos y el aumento de las horas de colaboración deberían facilitar el desempeño de los docentes en la planificación, ejecución y evaluación de las tareas educativas.
En muchos establecimientos, especialmente los situados en sectores de mayor riesgo, parece imperativo introducir elementos de apoyo familiar, que permitan mejorar los niveles de conocimientos y obtener información sobre las características de los procesos de aprendizaje y de socialización de sus hijos. Esto puede parecernos poco claro, y en verdad, lo es. Mi impresión es que el trabajo con familias es algo que los establecimientos han ido abandonando y se requiere rediseñarlo según las características de la sociedad actual. De algún modo, la escuela tiene el desafío de reencantar a las familias para que estas, en último término, participen de manera más cercana en la educación de sus hijos.
Por último, entre las medidas que pueden tener más impacto, me parece que el rediseño curricular es tambien necesario. Por una parte, habría que revisar el volumen de objetivos fundamentales y contenidos mínimos (OF/CM), para evitar la superficialidad que se les impone por decreto a los profesores, dándoles más espacios para adecuar las actividades de aprendizaje y facilitar un aprendizaje constructivista de los estudiantes. Por otra, es necesario que se impulse con más eficacia una descentralización curricular, de manera que el currículum se adecúe tanto a las culturas originarias, como, especialmente, a las condiciones socioeconómicas de los sectores en que se sitúen los establecimientos.
Para manejar este cambio necesitamos un Ministerio de Educación y un conjunto de organismos reguladores que tengan competencias eficientes y capacidad profesional suficiente para manejar un universo sobre los 10.000 establecimientos educacionales, sin considerar la educación preescolar ni la superior.
Puede haber otras intervenciones, pero estas me parecen las más relevantes.
La LEGE concretó la supresión de la selección adversa que se realizaba en la mayor parte de los establecimientos no municipalizados. Si a eso se agregara una buena campaña de información sobre el alcance real del SIMCE, quitándole incluso el nombre que alude a medición de calidad educativa de los establecimientos en que se aplica, para que se pueda reemplazar esta imagen (Resultado SIMCE = nivel de calidad educativa del establecimiento), por una más veraz, en que se aluda a variables que realmente reflejen la calidad educativa de las escuelas. Entre otros, la formación del equipo profesional y el resultado de la evaluación docente del mismo, los resultados de una serie continua de evaluaciones de una serie de cohortes cohorte, y otros que realmente reflejen si el establecimiento hace una diferencia en los aprendizajes de los alumnos. Sobre el impacto del SIMCE como incentivo a la discriminación, los remito a un comentario mío en: http://carlosanriquez.blogspot.com/search?updated-max=2009-04-06T14%3A02%3A00-07%3A00&max-results=7.
Un par de cosas más sobre lo que no tendrá efecto en la calidad de la educación, sino en otros aspectos de la gestión educativa. Uno positivo y otro negativo.
El primero se refiere a la creación de estructuras de participación formal en la gestión, compuestas por representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. Estas estructura, específicamente los consejos docentes, si no son alimentados por información apropiada por la dirección y el sostenedor, carecerán de vida propia y se requerirá un enorme esfuerzo de los directores para mantenerlos vigentes y evitar que se transformen en un foco de conflictos. La ley no prevé elementos que faciliten la gestión de la participación, solo crea los consejos y le encarga a los directivos y sostenedores su administración. Sería bueno evaluar si han servido para los fines para los que fueron creados, aunque da la impresión que el Ministerio no ha avanzado por este camino. El concepto es bueno, por lo que merece más atención para que no se desvirtúe.
El segundo es un tema absolutamente ideológico: el lucro y subsidiariamente, el financiamiento compartido. Hay acuerdos formales en orden a rechazar el lucro del sistema educacional con financiamiento público. Una posición extrema de este rechazo a la gestión privada en educación es la de volver a los 40 y estatizar todo el sistema educativo. Este último planteamiento lo analicé en una nota anterior, (http://www.facebook.com/notes.php?drafts&id=1044272763#!/note.php?note_id=398945533259), en la que en resumen digo que esa propuesta es una forma velada de volver a la época mesocrática de nuestra historia en la que el mayor porcentaje de los subsidios estatales era transferido a la clase media, pero era financiados por los más pobres a través de un sistema tributario altamente regresivo.
La información disponible al respecto señala que: 1) los establecimientos particulares subvencionados son más eficientes en la asignación de recursos que los públicos subvencionados; 2) la distribución de la propiedad de los particulares subvencionados está bastante distribuida, considerando, que por ejemplo los 1653 establecimientos particulares subvencionados de la Región Metropolitana son administrados por 1391 sostenedores, muchos de los cuales son de iglesias y corporaciones. No existe por lo tanto una concentración de la propiedad exagerada en el sector. Y 3) que sin los particulares subvencionados, no se habría alcanzado los niveles de cobertura que el sistema educativo tiene hoy en Chile.
Es muy probable que la aplicación de este planteamiento lleve a mercantilizar totalmente la educación particular, concentrar su propiedad y poner ante el estado conglomerados económicos de un poder casi imposible de contrarrestar. Es un tema que voy a analizar en un comentario posterior.
Por ahora, me parece más que suficiente material para el análisis.
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