Senador José Antonio Gómez (a Tercera 25 de Mayo, 2010)
Formo parte de los muchos miles de profesionales chilenos formados en las décadas de los 60 y 70, a quienes los pobres de Chile nos financiaron y dieron gratuitamente nuestros estudios básicos, medios y universitarios. Obtuve mi Diplomado en Ciencias Políticas y Administrativas y mi título de Administrador Público, en la Universidad de Chile, con mi familia haciéndose cargo, con mucho esfuerzo, debo destacarlo, solo de los gastos básicos de mantención, salud (en parte, la otra estaba también subsidiada.), textos y otros bastante congruos.
Por lo que recuerdo, en mi escuela, Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, el casi 100% de los alumnos éramos de aquellos que se califican como clases media y alta. Solo unos 5 ó 6 entre 500 se podían calificar como provenientes de familias pobres. Esto no era una excepción: toda la matrícula universitaria de la época presentaba la misma característica. Solo un 2% de los alumnos de todas las universidades chilenas (9 en ese momento) provenían de familias de menores recursos, cantidad compuesta por un 0,4% hijos de campesinos y el resto de pobres urbanos.
Recorrer Santiago, Valparaíso, Concepción y la mayor parte de las ciudades chilenas significaba encontrar un compacto cinturón de miseria agobiadora: las llamábamos “poblaciones callampas”, porque surgían de la noche a la mañana, construidas con cuanto elemento de desecho se podía encontrar: fonolas, tablas, cartón, género, ramas de árbol, de todo, para elevar una “vivienda” sin piso, sin ventanas, con techos tan precarios, que durante las lluvias los habitantes debían refugiarse todos, guaguas incluidas, en un sector donde no cayera agua y durante los veranos no podían impedir que ejércitos de moscas y otros vectores ingresaran con su carga de excrementos y desechos a infectar a los moradores, los alimentos y el agua habitualmente estancada en “lavatorios” dentro del recinto. Los espacios públicos no eran mejores: calles que virtualmente no existían y las existentes sin veredas, cercar de cursos de agua que rebalsaban en deshielos y lluvias anegándolos, infestados de ratones, excrementos de caballos y otros animales y que con dificultad eran saneados por los mismos habitantes y el Estado. Mientras tanto, las familias de clase media, tenían mecanismos altamente subsidiados para la adquisición de sus viviendas, acogidas también a exenciones tributarias importantes.
Recorrer el campo era una experiencia similar, con la única diferencia que al menos los inquilinos recibían como parte de su jornal, un plato de legumbres y una “tortilla” al día, lo que les daba una precaria continuidad en la alimentación, pero no les evitaba el resto de las muchas miserias que azotaban a los pobres en este país.
Entre 30 y 35 madres morían en el parto por cada 10.000 nacidos vivos, 40 niños de cada 1.000 nacidos vivos morían antes de las 24 horas de vida y en total 120 habrían fallecido antes del año de vida, como efecto de las malas condiciones de vida, la falta de atención de salud o simplemente el abandono.
La educación no andaba mejor. La cobertura estaba bajo el 90% y la deserción a los 4 años era superior al 40% de los alumnos, por cierto todos ellos provenientes de estratos pobres. Mientras tanto, la matrícula universitaria de pregrado aumentó entre 1960 y 1973 desde 25.000 a 150.000 alumnos. Los mayores aumentos los hicieron las universidades estatales, aunque la proporción de alumnos de los segmentos de menores ingresos en la educación superior se mantuvo exactamente igual que las tasas históricas. Estos esfuerzos eran financiados con recursos estatales de origen fundamentalmente tributario que se obtenían en un 60 % de impuestos indirectos, que son fundamentalmente regresivos, mientras que los impuestos directos aportaban un 24% de los ingresos, pero con tasas de evasión y elusión enormes, lo que también los transformaba en cargas regresivas para los contribuyentes.
En ese esquema, por cierto, para quienes teníamos la suerte de pertenecer a la “clase media”, era el mejor de los mundos: estudios gratis, vivienda subsidiada, salud subsidiada y así, vivíamos en un mundo de “subsidios cruzados” como dicen los expertos, pero que en castellano, eran regresivos y ferozmente inequitativos.
Personalmente, cuando leo o escucho las propuestas de “estatizar” la educación pública (que está administrada en este momento por el estado, ya que las municipalidades son también estado, cosa que incluso algunos senadores desconocen,) me interesa ver qué es lo que pasa con el financiamiento de esta propuesta. ¿No estaremos, me pregunto, volviendo a aquellos felices años mesocráticos, en que los que tenían más recursos pulpeaban de lo lindo a los más pobres?
Si revisamos la estructura de ingresos fiscales del período 2000 – 2008, vemos que el IVA aporta el 50%, mientras que el resto de los ingresos tributarios provinieron de impuesto a la renta y otros. Nuevamente, aunque menos aguda, la inequidad en las cargas tributarias se hace presente y los más pobres siguen financiando los subsidios de ellos y de los más “pudientes”. Por todas estas consideraciones pienso, al revés que el Senador Gómez, que afortunadamente para los más pobres su “solución” no se aplicó.
Pero no faltarán los que sigan impulsando la misma idea bajo la falsa etiqueta de “progresismo”, de traspasar solapadamente los subsidios de los más pobres a los más ricos. Como ya dije antes, mi educación y formación profesional se la debo a los millones de pobres que en esos tiempos pagaban sus impuestos si o si, para financiar los subsidios a la clase media. He intentado que mi desempeño profesional me permita devolver la mano en alguna medida, aunque siempre con una sensación de insuficiencia. Hoy día, otra forma de devolverla es negarme firmemente a aceptar que le sigan pulpeando recursos a los más pobres para financiar subsidios a los más ricos.
