García-Huidobro: 'La propuesta sobre educación deja dos puntos clave no resueltos' | Educación | LA TERCERA

García-Huidobro: 'La propuesta sobre educación deja dos puntos clave no resueltos' | Educación | LA TERCERA

La gratuidad en educación: los argumentos de Peña y Paulsen en perspectiva.

Carlos Peña en su columna dominical en El Mercurio analiza la propuesta del movimiento estudiantil de otorgar gratuidad a todos los estudiantes universitarios del país, esto basado en dos argumentos: acceso universal e integración de estudiantes de distintos orígenes en los establecimientos de educación superior.

Pero esta propuesta presenta tantas debilidades que resulta insostenible desde el punto de vista de la justicia y de la integración.

En primer lugar, Peña concluye que dejar a los ricos igual y subsidiar a los pobres hace que la brecha entre ambos sea más estrecha que si les da a ambos lo mismo. Luego, es mejor dar más a los que no tienen, que dar lo mismo a los que tienen y a los que no tienen.

En segundo lugar, analiza el tema tributario, preguntándose si cambia lo anterior si se financiara la educación gravando con mayores impuestos a los más ricos. Pero el problema se mantiene igual: con prescindencia de la fuente de los recursos, se reduce más la desigualdad si se subsidia sólo a los que no tienen que si se da por igual a los que tienen y a los que no. En otras palabras, aunque los más ricos pagaran más impuestos (y parece razonable que lo hagan) no sería justo darles también a ellos educación gratuita.

En tercer lugar, está la idea de la integración. La propuesta de los estudiantes dice que un buen sistema público y gratuito de educación superior integraría a ricos y pobres en las mismas instituciones y ataría la suerte de unos a la de los otros. Pero aquí surge otra realidad aplastante: lo probable es que los cupos más valiosos se asignen a los que tienen más rendimiento y este se correlaciona con el ingreso. De modo que también si la educación fuese gratis y pública, los más ricos asistirían a las instituciones más prestigiosas y los más pobres en las menos selectivas. O sea, señala “ocurriría lo mismo que hoy, pero gratis.”

Finalmente hace luz sobre el hecho de que hay otras soluciones a ambos problemas, como por ejemplo una “ley de cuotas” o programas de discriminación positiva por los que las universidades más selectivas deberían matricular a estudiantes de sectores históricamente excluidos, ampliando la formación de élites y rompiendo el círculo vicioso de la educación hereditaria que hoy impera en nuestro país.

Fernando Paulsen, en una apasionada defensa de la gratuidad en el programa Tolerancia Cero, parte porun modelo histórico, el Chile de hace 30 años atrás y dos afirmaciones: el rechazo a la gratuidad es falaz y la educación (entendemos que superior) es un bien público. Siendo así, la educación un bien público, similar a la seguridad ciudadana por ejemplo, debería distribuirse gratuitamente entre todos los ciudadanos por igual. El fundamento financiero que Paulsen atribuye a esta medida es el hecho de que “el rico”, por sus niveles de gasto – y suponemos que pagan más tributos – contribuyen mucho más a los ingresos fiscales. Además son pocos, unas 10.000 a 15.000 personas, de modo que el mayor gasto por gratuidad sería escaso y estaría financiado por los impuestos que ellos pagan. La gratuidad dice “es la única forma de corregir una serie de desequilibrios de cuna gigantescos”. Insiste en fiscalizar el pago de impuestos de los más ricos y eventualmente una reforma tributaria que aumente su contribución. Dice no entender dónde está el hecho de que los más pobres financian a los más ricos. Eso es lo que vamos a aclarar ahora.

El ejemplo de partida de Paulsen es una muy mala comparación: al señalar que hace 30 años la educación superior era gratuita, olvida que los estudiantes de educación superior eran el 2,5 % de la población, todos de los estratos de ingresos más altos de la sociedad. Mientras tanto, los más pobres tenían 5 ó 6 años de educación básica y la deserción antes de 4° Básico superaba el 50%. El 2,5% de la población que llegaba a la Universidad y ya que las Universidades del Estado eran totalmente financiadas desde elpresupuesto nacional,era financiado por ingresos tributarios indirectos que son por definición regresivos, y que alcanzaban al 60%, mientras los impuestos directos aportaban un 24% de los ingresos, pero con tasas de elusión y evasión tan altas que tambien los transformaban en cargas regresivas para los contribuyentes. Lo que hace Paulsen es poner como ejemplo un país en el que la clase media era subsidiada además de la educación, en la vivienda, la salud, y la previsión social. Su argumento entonces es pésimo, porque está hablando de una sociedad brutalmente desigual y llena de miseria y donde además, los más pobres contribuían, pagando impuestos indirectos, proporcionalmente mucho más de los más ricos a financiar el Estado y los subsidios. Hay que mirar someramente el financiamiento fiscal hoy día para darse cuenta que aunque no estamos ante la misma situación de los 60 y 70, los impuestos indirectos, principalmente el IVA, constituyen en 50% de los ingresos tributarios. O sea, sigue siendo un sistema tributario regresivo y eso continuará haciendo que los pobres financien a los más pudientes. Estos no son las 5 familias, como afirma Paulsen de manera bastante banal. Son las familias del 4° y el 5° quintiles de ingresos del país. Aun cuando se pueda estar de acuerdo en que se apliquen aranceles diferenciados o un subsidio menor al cuarto quintil, el hecho crudo es que si se subsidia a todos por igual, caeremos en una inaceptable trampa de inequidad.

Por otra parte, siempre hay asignación alternativa de recursos y no hay que olvidar que en Chile queda un 15% de pobres, que requieren educación básica y media de calidad, no educación superior. Dentro del presupuesto de educación, optar por asignar recursos a la educación básica y media para los pobres, de buena calidad y gratuita, resuelve una injusticia que nos avergüenza como chilenos. Financiar la totalidad de los estudios superiores a todas las familias es desde este punto de vista, una medida regresiva. Entendiendo que hay que canalizar subsidios a la clase media, es necesario recordar que los más pobres no tienen redes de apoyo ni gastan tiempo en seguir redes sociales, no tienen salud decente, carecen de seguridad social y viven en sectores que carecen de apropiados servicios comunitarios. Cuando se deja de lado financiar a los pobres por financiar a los que tienen más recursos, lo que se hace es que los pobres, al no recibir los servicios de que carecen, contribuyan a financiar la gratuidad para los estratos de más ingresos. Pero además, ellos no van a la Universidad, de modo que no recibirán tampoco subsidios por ese lado. Paulsen lo que hace es hilar una sucesión de medias verdades e inexactitudes históricas que no logran desmentir el argumento de Carlos Peña: la gratuidad para todos en la educación superior, es una política pública regresiva.

Macrotendencias en la educación chilena en los próximos años.

No hay duda que la educación chilena producto del movimiento encabezado por los estudiantes de la educación superior principalmente, ha copado el espacio público, las discusiones a nivel de opinión pública, ha inspirado cientos de miles de mensajes en las redes sociales, pero sobre todo, cambiará los niveles básico, medio y superior, de manera importante en los años que vienen. No es probable que los conflictos se terminen con los acuerdos a los que puedan llegar estudiantes y gobierno, pero los que se produzcan en lo sucesivo tendrán dos focos: exigir el cumplimiento y resolver areas grises que inevitablemente quedan en la solución de estos conflictos.

Desde la perspectiva de hoy, es posible avizorar algunas lineas de desarrollo de los distintos actores y componentes del sector educacional chileno en los próximos años. Eso es lo que haré en las próximas lineas, centrandome en la educación básica y media.

1 Influencia estudiantil. En lo sucesivo, será imposible tomar decisiones de política en educación sin tomar en cuenta a los estudiantes, especialmente en la educación superior. Sin embargo los estudiantes tendrán dos restricciones en su accionar: su división interna y el cansancio con que ellos y la sociedad chilena culminarán el proceso que iniciaron en Mayo de este año.

Sabemos que el así llamado "movimiento estudiantil" no es un bloque unificado y monolítico. Si se ha mantenido así durante este proceso, se debe a la habilidad del liderazgo, incluidos los líderes intermedios, para evitar los quiebres propios de la diversidad ideológica que se observa en elllos. La presencia de una líder tan carismática como Camila Vallejos y un dirigente tan hábil como Giorgio Jackson podrían ser solo fenómenos puntuales si el espíritu de lograr posiciones comunes deja paso a los conflictos internos por ganar el liderazgo del movimiento.

Desde fuera, es posible observar 4 grupos bien diferenciados: los seguidores del PC, la izquierda moderada, la izquierda radicalizada y la derecha. Los restos universitarios de la Concertación tendrán que buscar alianzas especialmente con las dos primeras tendencias para lograr algún grado de participación en la conducción: la Concertación sola no tiene destino en ese espacio.

Por otra parte, es muy poco probable que la sociedad chilena esté dispuesta a que se vuelva a producir un proceso como el que vivimos este año. Ahora, cualquiera que sea el resultado de las negociaciones Movimiento Estudiantil - Gobierno, los padres querrán que sus hijos continuen sus estudios, probablemente perciban algunos cambios en la carga financiera que les significa educar a sus hijos, y tomarán en cuenta las medidas de control de la calidad educativa que implemente el Gobierno. Quizás puedan apoyar paros o movilizaciones puntuales para exigir mayor cumplimiento al Gobierno, pero no más que eso.

En este contexto, al movimiento estudiantil le tomará algunos años para rehacerse y volver a disfrutar del poder del que hoy goza, por cierto sin dejar de tener influencia importante en las políticas educacionales.

2 En el sector privado, se producirá con toda seguridad, un brusco frenazo en los proyectos de inversión, particularmente en el subsector de establecimientos con fines de lucro y se observará un compás de espera por lo menos hasta las próximas presidenciales. Esto no le producirá ningún daño al sistema educacional chileno, que ya logró la cobertura practicamente total y el desafío que hoy tiene es de calidad más que de cantidad. En ese ámbito, el lucro no tiene impacto relevante. Más bien será el primer paso de un proceso que mencionaré más tarde, tendiente al surgimiento de megacorporaciones y a la concentración del sector privado educacional.

3 El sector privado con fines de lucro está claramente dividido entre sostenedores que administran un solo establecimiento y cadenas que abarcan un número variable de establecimientos escolares y extienden sus redes hacia otros niveles educacionales y hacia industrias conexas. Lo que se verá en los próximos años será la transformación de los grandes sostenedores en corporaciones sin fines de lucro, desarrollando procedimientos siempre legales para realizar los retiros de excedentes. En cuanto a los pequeños sostenedores, si en definitiva, como es lo más probable, se aprueba una ley que prohiba el financiamiento público a los sostenedores con fines de lucro, su suerte dependerá del modelo institucional que se incorpore para la transición. Hay algo claro: si el modelo es el de fundaciones o corporaciones, se producirá un cierre masivo de establecimientos y, por otra parte, una absorción de otra cantidad por las corporaciones mencionadas anteriormente. Si este proceso no se aborda seria y eficientemente, al margen de ideologismos paralizantes, efectivamente se va a producir un problema grave en la educación chilena. Un hecho que no se ha visto detrás de la crítica al lucro, es que en Chile se ha formado una clase de pequeños y medianos empresarios educacionales que han generado un espacio no menor en el sistema y atienden a una cantidad de estudiantes imposible de soslayar con discursos. Sin embargo, existen opciones para a la vez permitir que los educadores por vocación y emprendedores sociales puedan contar con uno o más modelos institucionales con los cuales organizar sus establecimientos de manera a la v ez eficiente y con calidad educativa. El problema es que mientras para el sector público se inventan todo tipo de modelos institucionales, para el sector privado las únicas opciones que quedan a la mano son las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica se tramita a través del Ministerio de Justicia en plazos absurdamente largos. Los pequeños sostenedores no van a estar en condiciones de asumir el costo que estos plazos implican.

4 En el sector público el nucleo del conflicto se trasladará a dos temas: el modelo de gestión y el nivel de financiamiento. En cuanto al primero, hay ya modelos propuestos. Mencionemos algunos: el primero y más elaborado es la reabsorción de los establecimientos por el Ministerio de Educación con una administración provincial desconcentrada (Modelo Colegio de Profesores); la creación de una constelación de corporaciones de derecho público que administren los actuales establecimientos municipalizados (Modelo Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública del Gobierno de Bachelet); la creación de corporaciones polimunicipales, dirigidas por los alcaldes y el Mineduc, que administren los establecimientos de las municipalidades en las que se logren bajos resultados; la creación de una red de servicios regionales o subregionales de educación, similares a los servicios de salud, que se hagan cargo de los establecimientos de un territorio determinado (Modelos mencionados por el actual gobierno) y una gran corporación de derecho público que administre todos los establecimientos actualmente municipalizados. (Modelo Eugenio Tironi). No es el momento de profundizar el análisis, lo haré después, pero cada modelo tiene sus propias debilidades y ninguno augura una gestión eficiente del sector. Dentro del modelo de gestión está situado el estatuto jurídico y la gestión del profesorado, tema que seguirá dándole dolores de cabeza a cualquier gobierno que sea.

5 El tema del financiamiento, aun con las mejores intenciones del nivel político, será un problema cuya solución no será nada de fácil. Por cierto, es altamente improbable que la consigna de "educación gratuita para todos" se haga realidad, tanto por las mirada ideológica con que se analiza esto no solo desde el gobierno, sino desde muchas otras instituciones. La carga financiera para las familias será menor sin duda, pero deberán seguir aportando un porcentaje de sus ingresos para financiar los estudios de sus hijos o bien estos deberán endeudarse para ello. Se ha planteado que el gasto público llegue a los mismos niveles que tiene en los paises de la OCDE. Chile gasta US$2.700 por alumno en básica y casi US$2.600 por alumno en media. De este gasto, de acuerdo a datos de la OCDE, un 22% es privado y un 78% es público. Los países de la OCDE gastan US$7.150 por alumno en en básica y US$ 8.970 por alumno en media. Si se presiona por acercarse a niveles como esos, en un contexto de política fiscal que apunta a recuperar el equilibrio, es obvio que cualquiera que sea el gasto público, será insatisfactorio y una fuente interminable de conflictos con los estudiantes, las instituciones y los profesores.

6 En un plazo que no supera los 10 años, con o sin ley "antilucro", el sector educación particular subvencionado sufrirá un poderoso proceso de concentración. Poco a poco primero y más rapidamente después, desaparecerán los sostenedores de establecimiento único y surgirán corporaciones administradoras de grandes cantidades de establecimientos. No sería raro que el Ministerio y las agencias creadas recientemente deban enfrentarse con sostenedores de 50.000 o más alumnos, con un staff central fuerte, gestión gerencial eficiente y capacidad para relacionarse con los controles de calidad y la administración financiera muy eficaz. Es probable también que estas megacorporaciones logren elevar sostenidamente la calidad educativa de los establecimientos, con políticas de largo plazo elaboradas profesionalmente.

Estas son las tendencias que se avizoran antes de saber cuál será el resultado de las conversaciones estudiantes-gobierno. Pero son tendencias sólidas, que antes o después se concretarán. Ojalá que las enfrentemos con ciertos consensos básicos y con liderazgos proactivos.