Carlos Peña en su columna dominical en El Mercurio analiza la propuesta del movimiento estudiantil de otorgar gratuidad a todos los estudiantes universitarios del país, esto basado en dos argumentos: acceso universal e integración de estudiantes de distintos orígenes en los establecimientos de educación superior.
Pero esta propuesta presenta tantas debilidades que resulta insostenible desde el punto de vista de la justicia y de la integración.
En primer lugar, Peña concluye que dejar a los ricos igual y subsidiar a los pobres hace que la brecha entre ambos sea más estrecha que si les da a ambos lo mismo. Luego, es mejor dar más a los que no tienen, que dar lo mismo a los que tienen y a los que no tienen.
En segundo lugar, analiza el tema tributario, preguntándose si cambia lo anterior si se financiara la educación gravando con mayores impuestos a los más ricos. Pero el problema se mantiene igual: con prescindencia de la fuente de los recursos, se reduce más la desigualdad si se subsidia sólo a los que no tienen que si se da por igual a los que tienen y a los que no. En otras palabras, aunque los más ricos pagaran más impuestos (y parece razonable que lo hagan) no sería justo darles también a ellos educación gratuita.
En tercer lugar, está la idea de la integración. La propuesta de los estudiantes dice que un buen sistema público y gratuito de educación superior integraría a ricos y pobres en las mismas instituciones y ataría la suerte de unos a la de los otros. Pero aquí surge otra realidad aplastante: lo probable es que los cupos más valiosos se asignen a los que tienen más rendimiento y este se correlaciona con el ingreso. De modo que también si la educación fuese gratis y pública, los más ricos asistirían a las instituciones más prestigiosas y los más pobres en las menos selectivas. O sea, señala “ocurriría lo mismo que hoy, pero gratis.”
Finalmente hace luz sobre el hecho de que hay otras soluciones a ambos problemas, como por ejemplo una “ley de cuotas” o programas de discriminación positiva por los que las universidades más selectivas deberían matricular a estudiantes de sectores históricamente excluidos, ampliando la formación de élites y rompiendo el círculo vicioso de la educación hereditaria que hoy impera en nuestro país.
Fernando Paulsen, en una apasionada defensa de la gratuidad en el programa Tolerancia Cero, parte porun modelo histórico, el Chile de hace 30 años atrás y dos afirmaciones: el rechazo a la gratuidad es falaz y la educación (entendemos que superior) es un bien público. Siendo así, la educación un bien público, similar a la seguridad ciudadana por ejemplo, debería distribuirse gratuitamente entre todos los ciudadanos por igual. El fundamento financiero que Paulsen atribuye a esta medida es el hecho de que “el rico”, por sus niveles de gasto – y suponemos que pagan más tributos – contribuyen mucho más a los ingresos fiscales. Además son pocos, unas 10.000 a 15.000 personas, de modo que el mayor gasto por gratuidad sería escaso y estaría financiado por los impuestos que ellos pagan. La gratuidad dice “es la única forma de corregir una serie de desequilibrios de cuna gigantescos”. Insiste en fiscalizar el pago de impuestos de los más ricos y eventualmente una reforma tributaria que aumente su contribución. Dice no entender dónde está el hecho de que los más pobres financian a los más ricos. Eso es lo que vamos a aclarar ahora.
El ejemplo de partida de Paulsen es una muy mala comparación: al señalar que hace 30 años la educación superior era gratuita, olvida que los estudiantes de educación superior eran el 2,5 % de la población, todos de los estratos de ingresos más altos de la sociedad. Mientras tanto, los más pobres tenían 5 ó 6 años de educación básica y la deserción antes de 4° Básico superaba el 50%. El 2,5% de la población que llegaba a la Universidad y ya que las Universidades del Estado eran totalmente financiadas desde elpresupuesto nacional,era financiado por ingresos tributarios indirectos que son por definición regresivos, y que alcanzaban al 60%, mientras los impuestos directos aportaban un 24% de los ingresos, pero con tasas de elusión y evasión tan altas que tambien los transformaban en cargas regresivas para los contribuyentes. Lo que hace Paulsen es poner como ejemplo un país en el que la clase media era subsidiada además de la educación, en la vivienda, la salud, y la previsión social. Su argumento entonces es pésimo, porque está hablando de una sociedad brutalmente desigual y llena de miseria y donde además, los más pobres contribuían, pagando impuestos indirectos, proporcionalmente mucho más de los más ricos a financiar el Estado y los subsidios. Hay que mirar someramente el financiamiento fiscal hoy día para darse cuenta que aunque no estamos ante la misma situación de los 60 y 70, los impuestos indirectos, principalmente el IVA, constituyen en 50% de los ingresos tributarios. O sea, sigue siendo un sistema tributario regresivo y eso continuará haciendo que los pobres financien a los más pudientes. Estos no son las 5 familias, como afirma Paulsen de manera bastante banal. Son las familias del 4° y el 5° quintiles de ingresos del país. Aun cuando se pueda estar de acuerdo en que se apliquen aranceles diferenciados o un subsidio menor al cuarto quintil, el hecho crudo es que si se subsidia a todos por igual, caeremos en una inaceptable trampa de inequidad.
Por otra parte, siempre hay asignación alternativa de recursos y no hay que olvidar que en Chile queda un 15% de pobres, que requieren educación básica y media de calidad, no educación superior. Dentro del presupuesto de educación, optar por asignar recursos a la educación básica y media para los pobres, de buena calidad y gratuita, resuelve una injusticia que nos avergüenza como chilenos. Financiar la totalidad de los estudios superiores a todas las familias es desde este punto de vista, una medida regresiva. Entendiendo que hay que canalizar subsidios a la clase media, es necesario recordar que los más pobres no tienen redes de apoyo ni gastan tiempo en seguir redes sociales, no tienen salud decente, carecen de seguridad social y viven en sectores que carecen de apropiados servicios comunitarios. Cuando se deja de lado financiar a los pobres por financiar a los que tienen más recursos, lo que se hace es que los pobres, al no recibir los servicios de que carecen, contribuyan a financiar la gratuidad para los estratos de más ingresos. Pero además, ellos no van a la Universidad, de modo que no recibirán tampoco subsidios por ese lado. Paulsen lo que hace es hilar una sucesión de medias verdades e inexactitudes históricas que no logran desmentir el argumento de Carlos Peña: la gratuidad para todos en la educación superior, es una política pública regresiva.
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